El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en España, tras recibir respaldo judicial para su acción. La Justicia ha instado a la multinacional a eliminar inicialmente 5.800 anuncios que incumplen la normativa vigente. Esta medida busca regularizar la publicidad de alojamientos turísticos, garantizando que los anuncios incluyan información esencial como el número de licencia y la naturaleza jurídica del arrendador. El ministro Pablo Bustinduy reafirma su compromiso por acabar con la ilegalidad en este sector y proteger los derechos de los consumidores. Para más detalles, visita el enlace.
La reciente decisión judicial ha respaldado las acciones del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, al ordenar a la multinacional Airbnb la eliminación de una primera tanda de 5.800 anuncios que infringen la legislación vigente.
En un contexto donde el control sobre la publicidad de alojamientos turísticos se vuelve cada vez más necesario, el Ministerio ha emitido tres resoluciones en los últimos meses. Estas resoluciones exigen a Airbnb la retirada de un total de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que no cumplen con las normativas establecidas en diversas comunidades autónomas.
A pesar de que Airbnb presentó un recurso ante los tribunales para impugnar las decisiones del Ministerio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de las medidas adoptadas por Consumo. En su auto, el tribunal respalda la primera resolución y exige a la compañía que elimine inmediatamente los mencionados 5.800 anuncios ilegales.
Desde la Dirección General de Consumo se han presentado tres argumentos clave que justifican la ilegalidad de los anuncios detectados en Airbnb:
El fallo afecta a anuncios ubicados en comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Ante esta situación, el ministro Bustinduy ha expresado su compromiso por colaborar con las administraciones públicas para erradicar la ilegalidad en alojamientos turísticos y proteger los derechos de los consumidores.
El Ministerio está trabajando en diferentes iniciativas complementarias junto a otras autoridades para abordar este problema. Bustinduy ha reafirmado su intención de redoblar esfuerzos en esta causa mediante la recopilación de información por parte de la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones.
Cabe mencionar que la Dirección General de Consumo ya había abierto un expediente sancionador en diciembre de 2024 contra una plataforma por incumplimientos relacionados con la publicidad del número de licencia. Asimismo, en febrero se iniciaron expedientes sancionadores contra grandes gestoras por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador. Estos procedimientos continúan su curso independientemente de las nuevas medidas anunciadas.
Este panorama pone de relieve el esfuerzo del Ministerio por regular el sector turístico y garantizar un acceso justo a la vivienda para todos los ciudadanos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 65,935 | Total de anuncios ilegales detectados en Airbnb. |
| 5,800 | Anuncios que deben ser retirados de manera inmediata según la primera resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. |
| 3 | Número de resoluciones enviadas por el Ministerio a Airbnb en los últimos meses. |
| 6 | Número de comunidades autónomas donde se han detectado los anuncios ilegales (Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi). |
El Ministerio ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma.
Se han detectado un total de 65.935 anuncios que incumplen la normativa sobre la publicidad de alojamientos turísticos.
Las razones son:
Las comunidades afectadas son Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El objetivo es acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos y favorecer el acceso a la vivienda, así como proteger los derechos de los consumidores.