El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de alquileres de corta duración en Andalucía, argumentando que dicha norma invade las competencias autonómicas. La Junta de Andalucía había presentado un recurso en 2025, señalando la falta de diálogo institucional y la inseguridad jurídica generada por esta legislación impuesta por el Gobierno central. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, criticó la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, subrayando que esta normativa fue una medida política sin respaldo legal adecuado. Además, destacó que la anulación del registro refleja un fracaso en la política de vivienda y una falta de consideración hacia el sector turístico, que es vital para la economía andaluza. Bernal reafirmó el compromiso de Andalucía de defender sus competencias y exigir cooperación en lugar de imposiciones.
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración, argumentando que esta medida invade las competencias autonómicas. La Junta de Andalucía había advertido sobre esta cuestión desde hace más de un año.
Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, criticó la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que “legisla desde la ideología y de espaldas al ordenamiento jurídico y al respeto competencial”. En mayo de 2025, Andalucía presentó un recurso señalando la invasión de competencias y la “falta de diálogo institucional”, subrayando que el fallo del Supremo valida su postura.
El tribunal aclaró que el reglamento europeo no requería un registro nacional ni modificaba el reparto interno de competencias. Según Bernal, “la duplicidad fue una decisión política, no una imposición de Bruselas”. Este hecho resalta lo que considera una “irresponsabilidad flagrante” por parte del Gobierno central.
Bernal también destacó que se impuso un registro único obligatorio desde el 1 de julio de 2025 sin la cobertura competencial necesaria, ignorando las advertencias sobre inseguridad jurídica que las comunidades habían estado comunicando durante meses. A su juicio, “legislar desde la imposición y la ocurrencia tiene consecuencias”, resultando en normas ineficaces que generan caos administrativo y terminan siendo anuladas por los tribunales.
Además, el consejero señaló que Bruselas ya había advertido sobre este tema, ya que el procedimiento TRIS prohibió la doble inscripción y estableció el 20 de mayo como fecha límite para eliminar dicha duplicidad. Sin embargo, según Bernal, “el Gobierno acumulaba avisos por todos los flancos” pero no rectificó su posición.
Este revés judicial se suma a lo que Bernal califica como una política de vivienda fracasada, caracterizada por precios elevados y una oferta limitada. Criticó además el intervencionismo del Gobierno central, que no ha logrado resolver los problemas existentes en este ámbito y solo ha generado más inseguridad.
Bernal afirmó que esta decisión pone en evidencia “el nulo peso que el turismo tiene en el Consejo de Ministros”, a pesar de ser uno de los motores económicos clave para España y especialmente para Andalucía. “Se legisla sobre el sector sin contar con él ni con quienes tienen la competencia”, lamentó.
“Así no se gobierna: así se improvisa”, añadió, cuestionándose quién asumirá los costos derivados de esta situación. Se refirió a los gastos incurridos por administraciones, plataformas y propietarios debido a una norma ahora anulada por el Supremo.
A pesar del fallo judicial, Bernal aseguró que Andalucía continuará defendiendo sus competencias y demandará cooperación en lugar de imposición. Concluyó enfatizando que “el turismo merece certidumbre, no ocurrencias que acaban anuladas por el Supremo”.
El Tribunal Supremo anuló el registro único de alquileres de corta duración, considerando que invadía las competencias autonómicas de Andalucía.
Andalucía argumentó que la norma impuesta por el Gobierno central invadía sus competencias y carecía de diálogo institucional.
El consejero Arturo Bernal criticó que el Gobierno legisla desde la ideología y sin respeto al ordenamiento jurídico, lo que ha llevado a normas ineficaces y problemas administrativos.
Mencionó que esta imposición generó caos administrativo, inseguridad jurídica y costos para administraciones, plataformas y propietarios, además de ser una norma que finalmente fue anulada por el Supremo.
Bernal considera que esta decisión es un reflejo del fracaso en la política de vivienda del Gobierno central, que ha resultado en precios altos y una oferta limitada sin resolver los problemas existentes.
Andalucía seguirá defendiendo sus competencias y exigiendo cooperación en lugar de imposición, buscando certidumbre para el sector turístico.